SIN NIDO NI ARPA
El
profesor don José Luis Magro contesta en este periódico ( LNE, 18/11/02) a mi
réplica a su artículo, Los huevos de la “cuquiella” y la huelga general en
la enseñanza pública ( LNE, 29/10/02). Dejando por sentado mi respeto hacia
su persona y el reconocimiento de su larga
trayectoria de reflexión y análisis sobre temas educativos que viene
realizando en las páginas de este diario, quisiera realizar unas
puntualizaciones al contenido de su último artículo con el objetivo de aclarar
mi posición acerca de un asunto, como es el de la Ley de Calidad de la
Educación, de plena actualidad y gran importancia social. Y quiero hacerlo de
la manera más precisa y concreta. Sin referirme a nidos, “cuquiellas” o arpas que son símiles y ejemplos que pueden tener cierto
sentido literario, pero que me da la impresión que en este caso más que
aclarar, han confundido, oscurecido y simplificado el debate.
1ª) En
primer lugar, el fundamento de mi réplica al primer artículo del profesor Magro
era que, a mi entender, metía en el mismo saco indiscriminadamente algunas de
las reformas técnicas que desarrolla la ley para corregir disfunciones
palpables que ha traído la LOGSE, con otras medidas que son la expresión de un
modelo educativo que responde, en mi opinión, a un planteamiento ideológico
conservador. En su contestación, don José Luis termina dándome en cierta medida
la razón cuando reconoce que tras “estas discusiones se encuentra el modelo de
ciudadano y de sociedad que a través del sistema educativo se pretende
alcanzar”. Pero sin terminar de reconocer- contradictoriamente, entiendo- que
la Ley de Calidad implica precisamente “la pretensión de alcanzar” un nuevo
modelo de ciudadano y de sociedad afín a los planteamientos ideológicos de la
derecha gobernante. Sin duda, ésta ejerce un legítimo derecho al hacerlo como
mi compañero al apoyarlo. Nadie se lo ha negado. Pero lo que no es aceptable es
que nos trate de presentarla como una exclusiva reforma técnica. Es algo más y
hasta mi adversario dialéctico lo reconoce confusamente cuando afirma que la
Ley de Calidad trata de resolver “ los graves problemas que el modelo de
educación comprensiva lleva aparejados en
su misma esencia”.
2ª) Mi deducción de que su posición contraria
a una huelga que se hizo para protestar
contra la Ley de Calidad , significaba implícitamente una defensa de esa
norma, aparece ahora corroborada explícitamente con su legítimo apoyo hacia
ella. Como legítimo es también mi derecho de criticarla y no aceptarla en sus
fundamentos, porque éstos no responden a mis convicciones ciudadanas ni a mi
criterios profesionales. Aun reconociendo la oportunidad de algunas de las
medidas de carácter propiamente técnico que se adoptan en ella, como me imagino
que también lo pensarán bastantes de ese
70 % de profesores que dice el profesor Magro que apoyan la Ley.
3º) Si, como
mantengo en mi escrito, la Ley de Calidad de Educación supone un cambio de
modelo educativo con relación al que estableció la Reforma educativa que
cristalizó en la LOGSE, me parece que el término contrarreforma que he
utilizado en él es perfectamente congruente con el significado que para mi
tiene el nuevo texto legal. No se bien a qué viene esa digresión, con confusión
de planos, sobre la Contrarreforma tridentina y la Ilustración con que me
replica mi interlocutor. Si lo que quiere decir es que, con ese término, le
atribuyo a la ley y, por extensión, a sus defensores una posición conservadora
tradicional, está profundamente equivocado. Conservadores y progresistas,
derechas e izquierdas ( aunque ahora se diga con el posmodernismo que ya no
existen), surgen del ideario de la Ilustración. Y en ese sentido sí considero
que el modelo educativo que traza la ley es claramente conservador y de
derechas, con cierta orientación enmascarada neoliberal como indica el propio
uso del término “calidad” que corona el título de la ley, tan querido,
utilizado y justificado por la derecha
neoliberal.
4º) Es, en sus principios, una ley
conservadora y de derechas. Porque, además de romper con el modelo
comprehensivo de una enseñanza igualitaria, pero diversificada para todos que, al menos teóricamente,
inspiraba la LOGSE, e implantar también un modelo socialmente segregador ( a lo
que me referiré en el punto siguiente), la Ley de Calidad establece otros
aspectos claramente afines al ideario conservador.
Como lo es, en mi modesta opinión, el de la vuelta
a la jerarquización de los profesores en
el aspecto profesional al dividir a los
profesores de secundaria entre los catedráticos y los que no lo son,
estableciendo funciones diferenciadas para unos y otros. Pero también en el
plano de la gestión: los directores de los centros dejarán de ser elegidos y
pasarán a ser nombrados por la Administración dentro de un nuevo Cuerpo de
Directores. Definitivamente, la dirección de los centros no representará ya ni a los alumnos ni a los
padres, ni a los profesores ni al personal no docente, será únicamente la
representante de la Administración en ellos. Se acentúa así con esas dos medidas ese proceso que ya
está en marcha desde hace bastante tiempo que es el de la proletarización de
los profesores en el sentido de
perder éstos otra cota de autonomía en
su práctica docente y en la organización y gestión de los centros.
Como también pierden capacidad de intervención en esos aspectos los propios
alumnos y los padres.
El tratamiento que da la Ley a la
enseñanza de la Religión volviendo a convertirla en un asignatura académica
más, me parece también otra clara expresión del conservadurismo de la Ley, además
de poco coherente con el carácter aconfesional del Estado que establece la
Constitución. Como también lo es el componente academicista que predomina en
los currículos que estableció el Decreto de contenidos mínimos- que con la LOCE
es la otra pata de la contrarreforma educativa del PP- y la relegación que en
ellos ha quedado la educación en valores. Educación en valores que constituía
potencialmente uno de los instrumentos principales para alcanzar algunos de
los más importantes fines educativos de
la LOGSE, aunque, desgraciadamente, su aplicación no se haya correspondido con
esa importancia.
5º) La
comprehensividad de la ESO entendida como enseñanza igual para todos según sus
capacidades, que es el principio fundamental
para que la enseñanza corrija en lo que es posible las desigualdades
formativas derivadas del origen social
de los alumnos, es perfectamente compatible con la diversidad. Es decir,
la posibilidad que los alumnos tienen
hoy de elegir caminos diferentes ( asignaturas optativas) para conseguir las mismas capacidades. Me parece,
en cambio, incompatible con esa acción educativa contra la desigualdad
establecer en la ESO, como pretende la Ley, tres “itinerarios” formativos
cerrados que van a “predeterminar” ya desde los 14 años el futuro de los
alumnos: hacia el bachillerato, la formación profesional o el mundo laboral.
Esa elección adelantada da menores posibilidades al sistema educativo para
tratar de atenuar esas desigualdades formativas de origen social. Más bien, en
cambio, favorece su reproducción. En la realidad, se abandonan los objetivos
comunes de la ESO, aunque formalmente todos los “itinerarios” conduzcan al
mismo título. No son lo mismo, como apunta don José Luis, uno y otro
procedimiento. Y mucho menos, si como pretende la Ley, los centros van a poder
seleccionar a sus alumnos y especializarse en esos “itinerarios” formativos.
¿Quién tendrá, finalmente, que atender a la mayoría de los alumnos del
“itinerario” dirigido hacia el mundo laboral en el que se incluirán los alumnos
con mayores problemas?. ¿ Los centros estatales o los privados concertados?.
Para mi la respuesta es clara.
Por mi parte, con estas puntualizaciones
doy por terminado este debate con el profesor Magro. Creo que las posiciones de
uno y otro han quedado finalmente bien
definidas. Y en los principios es difícil que se pueda llegar a una
síntesis dialéctica entre ellas, como me parece que quiere dar a entender en su
último escrito. Le agradezco además su tono mesurado y educado. Ésa ha sido
también mi intención. Si no lo he conseguido, le pido disculpas por ello.
Porque, al fin y cabo, si quienes educamos a adolescentes, no fuésemos capaces
de mantener entre nosotros un debate civilizado y racional sobre cuestiones de
claro interés público y social, estaríamos actuando a contracorriente de lo que
es- creo- una de nuestras principales
misiones como profesores. Esto es: además de enseñar nuestras respectivas
disciplinas, formar, sobre todo, personas con criterios fundamentados y
críticos para vivir en una sociedad que sea verdaderamente democrática.
( Artículo publicado en La Nueva España, de Oviedo)
( Artículo publicado en La Nueva España, de Oviedo)
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