viernes, 23 de abril de 2021

 

 

 

 O NOS SALVAMOS TODOS  O NO HAY SALVACIÓN.

                JULIO ANTONIO VAQUERO IGLESIAS

Está claro que la solución definitiva (tanto de la crisis sanitaria como la  económica y social que ha causado  la pandemia) pasa por la vacunación. Pero para esta vacunación sea realmente efectiva, es necesario que llegue a toda la población mundial. La alternativa parece clara: o nos salvamos todos o no hay salvación. Y  tal y como se está produciendo el proceso de vacunación no parece que  se esté avanzando en esa dirección. El 86 % de todos las vacunas ha sido destinado hasta ahora  a los países ricos y sólo el 0;1% ha ido a parar a los denominados países  del Tercer Mundo.

  Y el mayor obstáculo para conseguir esa difusión de la vacuna para toda la humanidad está claro que no es sino el que regula en el mundo capitalista el sistema de propiedad intelectual. La propiedad de las patentes de las vacunas es de las empresas farmacéuticas que las producen y existe, pues, el impedimento legal que establece la Organización Mundial del Comercio  (OMC) de la producción y comercialización libre de las mismas. Limitaciones que impiden que éstas puedan ser llevadas a cabo por los países pobres en función de las necesidades sanitarias de su población.

  No es extraño, pues, que Sudáfrica e India hayan reclamado a la OMC permiso para saltarse las normas legales que regulan el control de las patentes y así poder producir las vacunas  libremente en sus países. O que 175 líderes mundiales hayan pedido a Biden no sólo  su apoyo para que apoye su petición de liberar  la regulación de las patentes para la producción y comercialización libres de las vacunas, sino también que Estados Unidos coordine y dirija una  campaña de inversión global en la producción de esas vacunas para abastecer de ellas a toda la población mundial,  incluidos  los países pobres.

   El abuso de las empresas farmacéuticas que las están produciendo y comercializando es evidente. Incluso incumplen sus compromisos con los países que habían contratado su producción y abastecimiento. Aún y a pesar de  haber recibido importantes ayudas públicas para producirlas. AstraZeneca parece ser, por ejemplo, que  ha recibido el 97 % de inversión pública para desarrollar su vacuna.

 No se puede esperar, pues, de ningún modo que tales empresas imbuidas del espíritu más rastrero del capitalismo den solución al abastecimiento de vacunas a toda la población mundial aunque sólo sea por razones de interés de la supervivencia del propio capitalismo o de la defensa de sus intereses a largo plazo.

  Desde luego, ese pretendido plan coordinado  de inversión planificada y levantamiento de las leyes restrictivas de las patentes, me da la impresión de que no tiene nada que ver en general con planteamientos éticos humanitarios que  no dudo, por otra parte,  que hayan  estado presentes  en algunos de los firmantes de la petición al presidente norteamericano. Y desde luego esta endiablada situación  pone de manifiesto un hecho que cada vez se repite con mayor frecuencia en el mundo globalizado que ha traído el capitalismo neoliberal: la falta de instituciones supraestatales  de nivel mundial que tengan competencias y capacidad para tomar decisiones sobre problemas de escala mundial.     

(Artículo publicado en las páginas de opinión de La Nueva España, de Oviedo)

jueves, 22 de abril de 2021

 

 

 

 

   LOS DOS  MESES QUE CONMOVIERON AL MUNDO

            JULIO ANTONIO VAQUERO IGLESIAS

 La conmemoración de los 150 años  de la Comuna de Paris

 Del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871 París  y Europa vivió la primera revolución obrera de la historia contemporánea. Cercada la capital francesa por los ejércitos prusianos, Thiers, jefe del Gobierno provisional del Segundo Imperio  decidió desarmar la Guardia Nacional integrada en su mayor  parte de los  trabajadores que habían combatido a los prusianos que cercaban París. El descontento cristalizó aquel día 18 en respuesta del intento gubernamental de retirar los cañones de la Guardia Nacional que controlaban la ciudad. Los revolucionarios a través de unas elecciones celebradas el 26 de marzo se hicieron  con el poder y constituyeron la Comuna de París.

  El Gobierno de Versalles  no reconoció la Comuna y trató de hacerse con el control de la ciudad y comenzó a bombardearla.  A lo que respondieron los comuneros para defenderse levantando  un entramado de barricadas por toda la ciudad resistiendo hasta finales de mayo ante el feroz ataque del ejército francés.

  La Asamblea constituida por los comuneros fue la primera de la historia en la que más de un cuarto de sus miembros eran auténticos  obreros a los que se unieron sectores  de  la pequeña burguesía. Ambos venían siendo desde las revoluciones de 1848 los comparsas revolucionarios de la burguesía francesa y  ahora pretendieron llevar a cabo las transformaciones políticas, sociales y económicas que venía reclamando su clase.

 Aunque también en este sector dominante de la Asamblea había tendencias diferentes. Estaban los blanquistas y neojacobinos  que  propugnaban un gobierno revolucionario autoritario y una minoría formada por internacionalistas (afines a la Asociación Internacional de Trabajadores) y socialistas que se oponían a una dictadura revolucionaria.

 Las medidas que tomó la Comuna fueron tan revolucionarias, sin duda, que han pasado a formar parte del ideario de los sectores de la izquierda política y obrera  durante el resto de aquel siglo y  el siguiente: abolición de la guillotina,  separación de la Iglesia y el Estado, el derecho universal a la educación, reconocimiento de los derechos individuales, universalización de la Justica, la reorganización del trabajo en los talleres con reconocimiento de los derechos del trabajo…

  A la derrota de los comuneros por las tropas gubernamentales le siguió una de las represiones más duras y feroces que sufrido la clase obrera a lo largo de su historia. No sólo hombres sino también mujeres y niños fueron fusilados y masacrados por las tropas imperiales en lo que se denominó “la semana sangrienta de mayo”. Del 21 al 30 de mayo se detuvieron a unas cuarenta mil personas, incluidas, mujeres y niños, fusilando a miles de ellas y enviando al exilio a Nueva Caledonia a otros miles de comuneros.

  Esta síntesis  de lo que fue la Comuna de París, pero ampliada  con gran lujo de datos y detalles al incluir el autor  documentos originales de la época y entrevistas con comuneros exiliados  es la que nos relata Prosper-Oliver Lissagaray en su libro Historia de la Comuna de Paris de 1871, que es la reedición ampliada de 1896 de la obra original que escribió en el exilio en 1876. Y que ahora edita muy opotunamentge con motivo de la conmemoración de siglo y medio de la Comuna la editorial Capitán Swing en España.

Lissagaray fue un periodista francés de ideología socialista que vivió y participó en aquellos revolucionarios acontecimientos. Logró huir de la represión gubernamental y en su exilio en Londres conoció a Marx y mantuvo un largo romance con su hija Eleanor que tradujo al inglés la primera edición de su libro, incluido un  prólogo que escribió para ella  que se recoge también aquí en ésta. La finalidad fue dar a conocer y justificar los acontecimientos de aquella primera revolución obrera que fue inmediatamente  después de sofocada descalificada por la triunfante burguesía europea.

  La sentencia de  Thiers fue en ese sentido lapidaria: “ (con la derrota de la Comuna) Se acabó el socialismo por mucho tiempo”. Pero no sabía el represor de la Comuna que aquella primera revolución obrera nutriría a través de los escritos de Marx, Engels y Lenin el imaginario revolucionario  de la clase obrera hasta hoy inclusive.

(PUBLICADO EN LAS PÁGINAS DEL SUPLEMENTO CULTURAL DE “LA NUEVA ESPAÑA”, DE OVIEDO)

martes, 13 de abril de 2021

 

 

 

 

UNA NECESARIA  LEY DE SECRETOS OFICIALES

     JULIO ANTONIO VAQUERO IGLESIAS

El pasado  noviembre se admitió por las Cortes una iniciativa legislativa del PNV para admitir a trámite una nueva Ley de Secretos Oficiales. La vigente era una ley de la etapa franquista (1968) con retoques preconstitucionales  de octubre de 1978. Esa  ley vigente  era una ley antidemocrática que se apartaba de los modelos que imperan en  los estados democráticos europeos y de la que estaba vigente en los EE. UU. Y constituía, sin duda, un elemento legislativo que distorsionaba el marco legal democrático que la transición había instaurado en España. Entre otros aspectos negativos no regulaba como todas las leyes de esa clase imperantes en los países democráticos los periodos en que los documentos secretos en manos del Estado podían  estar bajo secreto y cuándo podían y debían desclasificarse y ponerse a disposición de los ciudadanos españoles

  En el pasado noviembre el PNV presentó una iniciativa de ley para promulgar una nueva ley de Secretos Oficiales   para acabar con esa anomalía democrática española. Sin embargo,  esa iniciativa legal está siendo bloqueada por el PP, Ciudadanos y… el PSOE que en todo el período democrático no ha hecho nada definitivo para sacar adelante  una Ley de Secretos Oficiales digna de un sistema democrático.

 A través de una artimaña legislativa esos partidos han bloqueado su promulgación con la presentación hasta el 12 de mayo de continúas prórrogas ( lo han hecho en catorce ocasiones) para impedir que esa necesaria ley  salga adelante.

 No es extraño que dada esa anómala situación un nutrido grupo de  destacados historiadores españoles contemporaneístas hayan elevado a las autoridades una protesta formal ante esa anómala situación que impide su labor investigadora de la historia de la España reciente forzando incluso el que tengan que realizar sus trabajos de investigación a través de documentos indirectos procedentes  de los archivos de otros estados como Reino Unido o EE. UU.

  Situación ésta que, entre otros muchos temas polémicos y oscuros,  les impide  poder reconstruir con fiabilidad algunos de los episodios más importantes de nuestro pasado reciente, como por ejemplo, el 23 F o la guerra sucia contra ETA.

  Pero no sólo esa nueva ley es necesaria para permitir  la labor investigadora de los historiadores. Lo es también para la propia ciudadanía que tiene el derecho de saber  cuál fue su pasado reciente y así poder actuar libremente y con conocimiento de causa en la actividad política.

 Como también lo  es para los ciudadanos  particulares que tienen el derecho de conocer aquellos episodios y acontecimientos históricos que les han afectado personal o familiarmente  y que con la situación legislativa actual se ven impedidos de conocer las actuaciones y padecimientos  de ellos y sus deudos  e incluso poder actuar judicialmente en defensa de sus derechos.

   Lo mismo que en el reconocimiento de  otros muchos derechos individuales que nuestra democracia ha aportado, a pesar  de todos los defectos e imperfecciones que presenta en el diseño de  su marco constitucional y en su funcionamiento cotidiano, es imperiosamente necesario que  se reconozcan  los que se derivan de la existencia de una verdadera Ley de Secretos Oficiales.   

(Publicado en las páginas de Opinión de La Nueva España, de Oviedo)