UNA NECESARIA  LEY DE SECRETOS OFICIALES

     JULIO ANTONIO VAQUERO IGLESIAS

El pasado  noviembre se admitió por las Cortes una iniciativa legislativa del PNV para admitir a trámite una nueva Ley de Secretos Oficiales. La vigente era una ley de la etapa franquista (1968) con retoques preconstitucionales  de octubre de 1978. Esa  ley vigente  era una ley antidemocrática que se apartaba de los modelos que imperan en  los estados democráticos europeos y de la que estaba vigente en los EE. UU. Y constituía, sin duda, un elemento legislativo que distorsionaba el marco legal democrático que la transición había instaurado en España. Entre otros aspectos negativos no regulaba como todas las leyes de esa clase imperantes en los países democráticos los periodos en que los documentos secretos en manos del Estado podían  estar bajo secreto y cuándo podían y debían desclasificarse y ponerse a disposición de los ciudadanos españoles

  En el pasado noviembre el PNV presentó una iniciativa de ley para promulgar una nueva ley de Secretos Oficiales   para acabar con esa anomalía democrática española. Sin embargo,  esa iniciativa legal está siendo bloqueada por el PP, Ciudadanos y… el PSOE que en todo el período democrático no ha hecho nada definitivo para sacar adelante  una Ley de Secretos Oficiales digna de un sistema democrático.

 A través de una artimaña legislativa esos partidos han bloqueado su promulgación con la presentación hasta el 12 de mayo de continúas prórrogas ( lo han hecho en catorce ocasiones) para impedir que esa necesaria ley  salga adelante.

 No es extraño que dada esa anómala situación un nutrido grupo de  destacados historiadores españoles contemporaneístas hayan elevado a las autoridades una protesta formal ante esa anómala situación que impide su labor investigadora de la historia de la España reciente forzando incluso el que tengan que realizar sus trabajos de investigación a través de documentos indirectos procedentes  de los archivos de otros estados como Reino Unido o EE. UU.

  Situación ésta que, entre otros muchos temas polémicos y oscuros,  les impide  poder reconstruir con fiabilidad algunos de los episodios más importantes de nuestro pasado reciente, como por ejemplo, el 23 F o la guerra sucia contra ETA.

  Pero no sólo esa nueva ley es necesaria para permitir  la labor investigadora de los historiadores. Lo es también para la propia ciudadanía que tiene el derecho de saber  cuál fue su pasado reciente y así poder actuar libremente y con conocimiento de causa en la actividad política.

 Como también lo  es para los ciudadanos  particulares que tienen el derecho de conocer aquellos episodios y acontecimientos históricos que les han afectado personal o familiarmente  y que con la situación legislativa actual se ven impedidos de conocer las actuaciones y padecimientos  de ellos y sus deudos  e incluso poder actuar judicialmente en defensa de sus derechos.

   Lo mismo que en el reconocimiento de  otros muchos derechos individuales que nuestra democracia ha aportado, a pesar  de todos los defectos e imperfecciones que presenta en el diseño de  su marco constitucional y en su funcionamiento cotidiano, es imperiosamente necesario que  se reconozcan  los que se derivan de la existencia de una verdadera Ley de Secretos Oficiales.   

(Publicado en las páginas de Opinión de La Nueva España, de Oviedo)