SÁNCHEZ Y EL SAHARA
JULIO ANTONIO VAQUERO
IGLESIAS
Como es sabido, la política
exterior de nuestro país, según la Constitución vigente, es competencia del
Presidente de Gobierno. Pero tomar,
como ha hecho el presidente Sánchez, una decisión de la importancia política de
aceptar la posición de Marruecos sobre el futuro político del Sahara sin contar
con el visto bueno del Parlamento español no parece una actitud muy
democrática, ya que supone un giro de ciento ochenta grados en la política
tradicional de la España democrática respecto de nuestra antigua colonia. Política que
implicaba reconocer el derecho de sus habitantes a decidir sobre su futuro político en un
referendo, como era, además, la posición que mantenía la ONU como procedimiento para llevar a cabo
la descolonización definitiva de aquel territorio.
¿Cómo es posible que nuestro
Parlamento y los ciudadanos españoles nos hayamos enterado de ese giro
copernicano de nuestra política tradicional sobre el Sahara y sus habitantes a
través de una carta enviada al rey marroquí por la jefatura del Gobierno
español y cuyo contenido la hemos conocido no a través de nuestro Gobierno, sino por medio del propio mandatario marroquí?
Sin duda, una decisión de tal importancia
tiene que deberse a razones de mucha trascendencia que el presidente del Gobierno español no ha dado ni siquiera, como
había prometido, en la última sesión del Parlamento español.
Pero esa negativa a explicar las
razones de ese cambio no tiene, sin duda, ninguna justificación aceptable en un
sistema que se dice democrático, a pesar de que, como se puede deducir, esté
referido a problemas de hondo calado geopolítico en la actual situación de
profundos cambios e inestabilidades de la
realidad política internacional.
¿Volvemos a la diplomacia de los pactos y
alianzas secretos como era frecuente en otros tiempos y que tantos problemas y
consecuencias negativas causaron a la humanidad?
Sea como fuere y partiendo, además,
de las razones de ética pública y de derecho internacional que
fundamentaban la postura anterior y además del abandono
que supone para los habitantes de nuestra excolonia dejarlos a merced de
un régimen como el marroquí de dudosa, vamos a dejarlo ahí, calidad
democrática, no es posible aceptar que un Gobierno ( ¿o sólo fue medio?) que se
reclama de naturaleza democrática haya cambiado esa posición sin contar con el
visto bueno del Parlamento, el cual por cierto ha dejado claro por mayoría,
incluyendo los partidos que apoyan al Gobierno socialista y hasta un sector del
mismo, que no aceptan una medida de esa índole.
De haber razones de peso para
hacer ese cambio de nuestra política exterior y ser conveniente mantenerlo en secreto
lo democráticamente canónico era haberlo planteado al Parlamento. Y para ello
se podía haber creado una comisión cerrada y secreta de su desarrollo y contenidos, pero no de sus
decisiones finales. Comisión en la que deberían haber tenido representación todos
los grupos parlamentarios para decidir democráticamente sobre ese cambio
trascendental en nuestra política exterior.
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